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El cámping de autocaravanas situado en el Camí dels Alguers de L’Alfàs del Pi que tuvo que cerrar este verano a instancias de la Conselleria de Turismo podrá volver a abrir sus puertas, al menos temporalmente. Así lo ha establecido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante en un auto dictado el pasado 18 de diciembre en el que acepta la medida cautelar solicitada por la empresa del cámping, Camper Park Costa Blanca, para poder retomar la actividad.

Este cámping ha sido objeto de polémica desde 2012, cuando un particular denunció ante la Conselleria que el establecimiento era irregular; una denuncia que sirvió a la portavoz del PP, Maite Huerta, para arremeter duramente contra el gobierno local y contra la proliferación de este tipo de establecimientos.

A raíz de la denuncia de este particular, Turismo abrió un expediente sancionador y hace unos meses comunicó al Ayuntamiento que debía cerrar el cámping. Con este escrito de Conselleria en la mano, el Ayuntamiento dictó el 8 de agosto una resolución revocando “la licencia provisional” que dio en su día, obligando así a su clausurara. La empresa decidió entonces plantar batalla en los tribunales.

Además de presentar un recurso contencioso administrativo contra la Conselleria, Camper Park Costa Blanca también pidió en el juzgado dejar sin efecto la resolución del Ayuntamiento para poder así reabrir las instalaciones hasta que se resuelva el pleito con Turismo. La mercantil argumentó ante el juzgado que mantener esa orden de clausura podía provocarle “perjuicios de imposible o difícil reparación”.

Así el juzgado ha decidido atender la petición de la empresa y dejar sin efecto la orden del Ayuntamiento -que no ha alegado- “hasta que exista una sentencia firme” que determine si el camping es legal o no. De esta forma, según la juez, se evitarán “situaciones de hecho irreversibles”.

Este aparcamiento de caravanas del Camí dels Alguers fue el primero en verse envuelto en la polémica, aunque no ha sido el único. De hecho, la oposición del PP de L’Alfàs se ha mostrado muy crítica con este tipo de establecimientos y no ha dudado en acusar al gobierno local de “un presunto delito administrativo” cuando se ha terciado.

Ya en 2012, la portavoz popular deslizó que este camping podía ser ilegal. Entre otras cosas porque la licencia que tenía como aparacamiento de autocaravanas sólo permitía a los vehículos “quedarse de dos a tres días” y algunos “se llegan a quedar más de tres meses”. Habló también de que las instalaciones no eran adecuadas y que este establecimiento estaba afectando al suministro de agua y luz de las viviendas cercanas.

El gobierno local explicó entonces que el establecimiento tenía “una autorización en precario” para ejercer su actividad y que desde el Ayuntamiento se había diligenciado una Declaración de Interés Comunitario (DIC), ya que se encuentra en suelo rústico. Es la Conselleria la que en última instancia tiene que dar luz verde a la DIC, aunque hace unos años el gobierno valenciano dio instrucciones a los Ayuntamientos para que aprobaran todas las DIC, porque éstas se traducían “en creación de nuevos puestos de trabajo”.

A raíz de la medida cautelar dictada ahora por el juzgado y que permite reabrir el cámping, Such ha asegurado que los tribunales cuestionan los argumentos de Huerta, a la que ha acusado de desplegar una acción de “acoso y derribo” contra “varios sectores empresariales del municipio”. “Se dedica a intentar contra viento y marea que se caduquen licencias y se cierren negocios sin importarle las consecuencias económicas y personales que tenga, sólo para alardear que se han cerrado gracias a ella”, ha manifestado sobre la portavoz popular.

Más información: lamarinaplaza.com/2015/01/07/un-juzgado-obliga-a-reabrir-un-camping-de-autocaravanas-en-lalfas-que-el-consell-mando-cerrar-tras-la-denuncia-de-un-vecino/